Reglas de origen y laborales, los cambios

MARTES, DICIEMBRE 10, 2019

COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se firmó el 30 de noviembre de 2018, por presiones de los legisladores demócratas el gobierno estadounidense pidió a su contraparte mexicana sentarse a negociar ?mejoras?.

Tras semanas de diálogo, el gobierno mexicano aceptó cambios en materia laboral y de reglas de origen. En lo que respecta a los cambios laborales, el gobierno aceptó que dentro del capítulo de solución de controversias se incluya que podrán iniciarse páneles de controversia comercial en cuestiones laborales, es decir que cuando una empresa no cumpla con los acuerdos del TMEC, pueda iniciarse una investigación en su contra que analizará un grupo de expertos.

El punto que México dijo que no aceptará es permitir la llegada de inspectores estadounidenses para verificar si las empresas nacionales realmente cumplen con la libertad sindical y votación libre de líderes sindicales.

En reglas de origen, la petición estadounidense fue que 70% del acero utilizado en la fabricación de un auto tendrá que ser originario de Norteamérica, lo que debe ocurrir en un plazo de cinco años a partir de que entre en vigor el acuerdo. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, México aceptó ese punto con la petición de que se agregue un par de años más para cumplir la meta.

El problema es que en México varios tipos de acero como el planchón y metales especiales que utilizan las principales industrias exportadoras, como la automotriz y de electrónicos, no se fabrican localmente, por lo que se tendrían que importar de Estados Unidos, lo que es una desventaja.

También se pusieron sobre la mesa mejoras en materia medioambiental, así como la duración de las patentes de medicamentos biológicos.

Sobre ese último tema, los demócratas pidieron retirar del acuerdo comercial el periodo de 10 años de vigencia de patentes de medicinas biológicas. De acuerdo con las fuentes consultadas, los estadounidenses querían reducirlo a ocho años, lo que para el gobierno mexicano no fue un problema.


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